«Ser asistido en el acto de votar o elegir libremente al asistente o acompañante» son algunas de las opciones que contempla la ley vigente a fin de facilitar el ejercicio de los derechos políticos de quienes posean tales características.

Este año, nuevamente se podrá hacerse efectiva la Ley 20.183 -que rige en Chile desde junio de 2007-, referida al «voto asistido», que hasta la fecha ha permitido que un número importante de personas con discapacidad cognitiva, mayores de 18 años, tenga la posibilidad de ejercer el derecho ciudadano de sufragar.
Dentro de los elementos contemplados en la ley está el tener acceso expedito y adecuado al local de votación, ser asistido en el acto de votar, ser acompañado hasta la mesa receptora de sufragios, elegir libremente al asistente o acompañante, emplear un tiempo razonable para sufragar, ser acompañado por el presidente de la mesa y sufragar en forma libre.
Para que estas disposiciones se cumplan de la mejor manera durante las próximas elecciones municipales, el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), junto a las autoridades de orden y seguridad, el Servicio Electoral y órganos sociales como la Cruz Roja, entre otros, se encuentran trabajando en  las medidas que se resumirán en un informe que pronto se hará público.
De la «interdicción» a la «capacidad jurídica con apoyo»
«Las personas consideradas como interdictas por un juez, bajo la petición de su familia o cuidador, son las únicas que no podrán votar», explica Ximena Rivas, directora del Senadis. Sin embargo, advierte que el término pronto sería cambiado, debido a que comúnmente  se utiliza para eximir de responsabilidades o de administración a aquellas personas que reciben una herencia, pero que, al declararla bajo interdicción, queda inhabilitada para cualquier otra toma de decisión. «Por eso, hoy en la Convención de las Naciones Unidas en los Derechos de Personas con Discapacidad se habla de capacidad jurídica con apoyo, porque se les debe prestar apoyo para aquellas cosas que necesiten, pero no para todo», repara.
Además, agrega que la inclusión de las personas con discapacidad cognitiva en la toma de decisiones es un avance significativo y que quienes han compartido con ellas saben que hay distintos grados y niveles de habilidades; que tienen limitadas ciertas funcionalidades, pero que en ellas el razonamiento e inteligencia están desarrollados y entienden perfectamente lo que pasa a su alrededor. «Las personas con discapacidad intelectual en grados leves y moderados pueden ejercer sus derechos abiertamente», recalca.
Es por ello que resulta recomendable que estas personas y sus familias se fijen en las ofertas y promesas de campaña de los candidatos, las que debieran incorporar propuestas a favor de la inclusión de las personas con discapacidad. Si se considera que las personas con distintos tipos de discapacidad son, según estudios internacionales, el 15% de la población, constituyen una fuerza electoral muy significativa.