A poco más de un mes de la próxima elección presidencial es interesante conocer las propuestas en torno a la discapacidad por parte de los candidatos a La Moneda, recordando que en el país el 12,9% de la población presenta alguna condición de este tipo.
En el año 2008, el Estado de Chile ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y, tiempo después, en el 2010, entró en vigencia la Ley N° 20.422 que Establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad. Sin embargo, muchos son los que plantean que aún queda un largo camino por recorrer para consolidar una institucionalidad en torno a la discapacidad que permita asegurar y proteger los derechos y la dignidad de los chilenos que presentan esta condición.
Con este antecedente, y ad portas de una nueva elección presidencial, se hace importante conocer cuáles son las principales propuestas de los candidatos.
Políticas públicas integrales y transversales
Una primera constatación es que buena parte de los candidatos que, según las encuestas, tienen mayores proyecciones, muestran propuestas explícitas o “en desarrollo” sobre una realidad que toca directamente al 12,9% de la población del país. No obstante, destacan aquellas propuestas que han alcanzado un mayor avance.
Los candidatos tienen distintos planteamientos en torno a la discapacidad. Por ejemplo, la abanderada de la Alianza, Evelyn Matthei, ha propuesto una agenda legislativa y de políticas públicas que, a su juicio, busca abarcar transversalmente a la discapacidad. El punto de partida, según ha planteado, es un “cambio de mirada” en torno a las personas con discapacidad, desde el asistencialismo hacia la igualdad de oportunidades y desde la caridad hacia el respeto de la diversidad y los derechos.
Entre las propuestas de la candidata está un programa integral para adultos con discapacidad, que incluye la creación de centros ambulatorios diurnos para el cuidado de personas en situación de dependencia, así como también la creación de dos mil plazas residenciales.
Además, Matthei propone medidas para promover la inclusión educacional de la mayor cantidad posible de niños y jóvenes con discapacidad en contextos de educación regular, y capacitar a profesores y profesionales de la educación para ello. También fomenta que en las provincias, al menos un colegio municipal cuente con la infraestructura y un proyecto educativo adecuado para la inclusión de estos alumnos.
En materia de trabajo, la candidata busca la eliminación de barreras que frenen la participación laboral de las personas con discapacidad. Apuesta por la modificación a la Ley de Isapres para que estas personas jamás dejen de ser “carga” de sus padres, y el incentivo a la flexibilidad laboral y al “teletrabajo” para promover la inclusión laboral.
Complementan sus propuestas un programa para efectuar adaptaciones a los hogares de las personas con discapacidad, especificaciones para las inversiones públicas a fin de que consideren las necesidades de las personas con discapacidad, y acciones que contribuyan al desarrollo de una cultura de respeto de los derechos de las mismas.

La candidata de la Nueva Mayoría, Michelle Bachelet, quien esta semana presentó los 50 Compromisos para los Primeros 100 Días de Gobierno, expresa en ellos su compromiso para construir “un país en que la diferencia se entienda como un valor y no como objeto de discriminación o abuso”. En este sentido, en el documento se indica que la primera etapa de su eventual gobierno considerará la presentación de un plan de capacitación e inserción laboral y educacional que beneficiará a 150.000 jóvenes, incluyendo especialmente a quienes se encuentren en situación de discapacidad.
A su vez, fuentes de su comando indicaron que sus propuestas más específicas en materia de discapacidad están “en desarrollo”, respetando el principio de diálogo con los involucrados, en este caso, con las propias personas con discapacidad y sus familiares, y con los líderes de las agrupaciones y expertos en la materia. Lo anterior, indica un cercano al comando, reivindica la consigna del mundo de la discapacidad “nada sobre nosotros sin nosotros”.
En este contexto, trascendió que existe una instancia al interior del comando de la candidata que trabaja intensivamente en las propuestas, siempre en el marco del paradigma de establecido por la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU.
El candidato del PRO, Marco Enríquez-Ominami, quien por segunda vez compite por su opción presidencial, estima que el Estado debe tener un rol fundamental en materia de discapacidad.
A su juicio, esto obliga a modificar la Constitución de manera que las personas con discapacidad sean “sujetos de derecho” y no “sujetos de caridad”. Entre otras cosas, plantea que las políticas públicas deben garantizar el derecho a la salud y a la rehabilitación.
Entre sus propuestas están: aumentar los “hogares protegidos” y los centros de rehabilitación infantil; crear la “tarjeta solidaridad”, con tickets diarios gratuitos de transporte público; desarrollar e implementar un sistema de cuidados domiciliarios que tiene por objetivo apoyar y ayudar a las personas con discapacidad en sus actividades de la vida diaria (entrega de medicamentos, ayuda en la compra de alimentos, trámites, etc.) y aumentar el presupuesto del Ministerio de Salud dirigido a salud mental.
Por su parte, el candidato independiente Franco Parisi dice entender que la mayoría de las  personas con “habilidades diferentes” se encuentra en situación de desamparo. Junto a esto, considera que la cobertura y rehabilitación que el Estado debe proveer en materias de inclusión educativa y laboral en la práctica parece una total utopía.
El proyecto de Parisi tiene pues un acento social y se enfoca en la modificación y cumplimiento de leyes que sean capaces de dar acceso a la rehabilitación.
Entre las propuestas del candidato están la cobertura hasta de un 100% en gastos de rehabilitación y de medicamentos según la “habilidad diferente”; el aumento de un 100% en el subsidio destinado a menores de edad con “habilidad diferente” mental (pasando de $ 55.758 a $ 111.516); la “garantía estatal” del acceso a la educación de niños con problemas cognitivos y motores, así como también de apoyo psicológico y material a los padres; y la creación de instituciones mediante subsidios que capaciten laboralmente a los jóvenes para su inclusión laboral después de los 25 años, ya que pasada esa edad quedan sin derecho a educación y deben volver a sus hogares.
Además, Franco Parisi plantea el aumento de la pensión básica de invalidez de un 80%, quedando en $ 144.950 y cambios de los requisitos para optar a esta pensión según grado de discapacidad.