Enrique Norambuena*
La acción de las organizaciones de la sociedad civil es fundamental para la atención y superación de las barreras a la inclusión social de las personas con discapacidad, en especial, de aquellas en situación de dependencia. Pero ¿Cuál es el órgano que debe exhibir un rol activo en la materia?

El que las personas con discapacidad intelectual o cognitiva -entendida esta última como un conjunto de condiciones que afectan el desarrollo y la adaptación social de algunas personas como el autismo, la disfasia y el síndrome de Down- sientan que las áreas de su vida más afectadas por su condición sean la participación, oportunidades de estudio y trabajo, y salud es algo que obliga a la sociedad a eliminar las barreras que dificultan su pleno desarrollo e inclusión social.
Esto es particularmente urgente para el caso de las personas “en situación de dependencia”, es decir, de aquellas que, para poder satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, salud, seguridad, etc., dependen de las atenciones que otras personas puedan brindarles.
En tal sentido, la acción de las organizaciones de la sociedad civil es fundamental. Hoy es posible ver la esforzada acción de toda clase de entidades motivada por contribuir a la atención y a la superación de las barreras -de todo tipo y nivel- que limitan o impiden la inclusión social plena y efectiva de este sector de la población.
Este objetivo, de hecho, ha sido el desafío y horizonte fundamental del movimiento asociativo chileno de las personas con discapacidad, sus familias y organizaciones representativas, en la lucha por más derechos, igualdad de oportunidades y justicia social para todas y todos ellos, expresado en legislaciones, institucionalidad, políticas públicas y cambio cultural, en la perspectiva de su participación en un desarrollo nacional inclusivo y sustentable, como factor de dicho desarrollo y no como carga social, en una sociedad respetuosa de la diversidad como atributo de la naturaleza humana, sin discriminaciones arbitrarias de ninguna naturaleza.
En este contexto y desde el enfoque de derechos respecto de las personas con discapacidad y sus familias, a nuestro juicio, el principal responsable del mejoramiento de la situación de estas personas es el Estado de Chile. Un Estado responsable y solidario, ya nunca más subsidiario. Desde luego, ello no excluye la corresponsabilidad respecto de este, como de cualquier otro desafío de desarrollo humano, del sector privado y la sociedad civil; en suma, de todas y cada uno de nosotros.
* El autor es Presidente de la Unión Nacional de Personas con Discapacidad Intelectual (UNPADE)

Las opiniones expresadas en esta sección buscan ampliar las miradas sobre los temas de inclusión, diversidad funcional y discapacidad cognitiva. Estas opiniones son de responsabilidad del autor y no representan necesariamente el pensamiento de Fundación Descúbreme.