Según datos de la encuesta CASEN del 2017, las personas con discapacidad presentan mayores índices de pobreza multidimensional. Poseen 3,3 años menos promedio de educación que el resto de la población y sólo un 30,3% realiza alguna actividad remunerada.

“Inclusion International”, red mundial de organizaciones que abogan por los derechos de las personas con discapacidad cognitiva en el mundo, reunió recientemente un panel de expertos para analizar cómo han operado los sistemas de protección social en distintos países del mundo, en el marco de la pandemia de Covid-19. Fundación Descúbreme, miembro de esta organización, presentó la realidad chilena y comentó los avances que se han realizado en esta área.

En la oportunidad el presidente de la ONG internacional Center of Inclusive Policies (CIP), Alex Côte, señaló que en circunstancias normales las personas con discapacidad son más propensas a tener gastos muy altos de salud, bajos niveles de educación, poca participación laboral y vivir en hogares más expuestos a la inseguridad económica. “La pandemia y sus consecuencias socioeconómicas relacionadas han magnificado esos obstáculos y desigualdades, por tanto, las personas con discapacidad están, en muchos sentidos, más expuestas a esta crisis”, destacó.

Según Côte, la protección social es un factor crítico para las personas con discapacidad, porque “direcciona las vulnerabilidades a través de su ciclo de vida, desde la niñez hasta la vejez. La mayoría de los países del mundo, que cuentan con un sistema de protección social para la discapacidad, lo orientan desde la perspectiva de la incapacidad para trabajar. Por ejemplo, en Brasil uno de los beneficios que reciben estas personas es un salario mínimo. Esto conlleva un problema, porque las familias evitan que trabajen para no perder estos recursos”. 

Al respecto, la directora ejecutiva de Fundación Descúbreme, Carola Rubia, destacó que “en Chile existe la pensión de invalidez, a la cual tienen derecho las personas con discapacidad siempre y cuando hayan sido declaradas con esta condición. Sin embargo, durante muchos años, si esta persona se ponía a trabajar, esa pensión iba disminuyendo gradualmente en un cierto porcentaje hasta llegar a cero. A partir del mes de enero de este año, esta medida fue derogada, lo que significa que este subsidio no se va a perder, sino que la persona la va a seguir recibiendo, lo que incrementaría sus ingresos en lo que nos parece una muy buena medida”.

Cabe mencionar que según la encuesta CASEN del 2017, las personas con discapacidad presentan mayores índices de pobreza multidimensional, un 24,8% en comparación con un 19,9% de las personas sin discapacidad. Adicionalmente, el porcentaje de personas con discapacidad en el primer quintil de ingreso autónomo dobla al último (10,7% versus 5,0%), mientras que en los hogares que cuentan con un miembro con discapacidad el ingreso autónomo por hogar es un 26,5% menor.

En cuanto a la salud de las personas con discapacidad cognitiva, Rubia destacó que “hace cinco años atrás era impensado que se considerara la salud mental de las personas con discapacidad cognitiva en una situación de emergencia como la que estamos viviendo. Hoy en día con el coronavirus, aquellas personas con trastorno del espectro autista u otro tipo de discapacidad mental, ya sea de origen psíquico o intelectual, que están en comunas en cuarentena pueden solicitar un permiso, temporal diario de hasta 2 horas para salir junto a un acompañante”. 

Para Rubia, las cifras visibilizan el conjunto de vulnerabilidades a las que se ven expuestas las personas con discapacidad en nuestro país, estrechamente vinculadas con la producción y reproducción de las barreras que limitan su participación en la vida social. “Sin embargo, hemos visto que en Chile se han hecho avances que vale la pena destacar y que nos colocan por encima de las realidades de otros países de la región”, finalizó.