En diferentes países del mundo, ya se ha iniciado los planes de inmunización contra el COVID-19 con aquellas vacunas que han sido aprobadas por las autoridades sanitarias. Una de las principales características de estos planes corresponde a que se han establecido grupos prioritarios, como los trabajadores de la salud y los adultos mayores, quienes recibirán sus dosis antes que el resto de la población.

En este contexto, surge la interrogante de si las personas con discapacidad constituyen uno de estos grupos prioritarios para los Gobiernos.

Durante los últimos meses, los países europeos han visto un alarmante aumento en los casos de la enfermedad, por lo que sus decisiones y resultados en torno a la pandemia pueden entregar importantes lecciones para este hemisferio del planeta. En este sentido, llama la atención que sólo España incluyera a las personas con discapacidad entre los primeros colectivos en ser inmunizados.

En este país, se estableció una primera etapa en la estrategia en vacunación contra el COVID-19, en la cual se prioriza a los residentes y el personal de centros de adultos mayores y de personas con discapacidad, el personal sanitario y sociosanitario de primera línea y aquellas personas con discapacidad y en situación de dependencia que no se encuentren institucionalizadas.

Por otro lado, en países como Francia, Italia, Portugal y Reino Unido, se comenzó el proceso de inmunización en enero con cerca de un millón de vacunas iniciales, que se destinaron a adultos mayores en residencias y trabajadores del cuidado de alto riesgo. La segunda fase, que comenzará en febrero, tiene contemplado vacunar a los profesionales de la salud ciudadanos con mayor riesgo de desarrollar la enfermedad de forma más grave de acuerdo con su edad y a la existencia de otras condiciones médicas.

Pese a que estas medidas son deliberadas por el gobierno de cada país, es clave promover la implementación de planes de vacunación en el que se prioricen a las personas con discapacidad.

De acuerdo a la International Disability Alliance (IDA), esto responde a que actualmente este colectivo experimenta una serie de barreras para acceder a los servicios de salud que pueden dificultar o impedir que accedan a sus vacunar si es que no se les da preferencia en este proceso. Además, se debe considerar que una considerable cantidad de personas con discapacidad no pueden cumplir con la recomendación del distanciamiento social ya que pueden requerir del apoyo de otros para sus actividades cotidianas.

Tomando estos elementos en cuenta, ¿cuál es el panorama en Chile sobre la vacunación contra el COVID-19?

Hasta el momento, en nuestro país se ha completado la vacunación del primer grupo prioritario, el cual corresponde al personal de salud que trabaja con pacientes críticos. Durante los próximos días, se espera que llegue cerca de dos millones de dosis de la recién aprobada vacuna Sinovac, con las que se podrá iniciar la fase masiva del proceso de inmunización contra el COVID-19.

El 22 de enero, el presidente Sebastián Piñera detalló que esta fase de vacunación empezará con aquellos grupos de mayor riesgo, dentro de los que se encuentran los adultos mayores, los residentes y el personal de centros de larga estadía, trabajadores esenciales y del Estado y personas con enfermedades crónicas. Se espera que estos grupos, que corresponden a aproximadamente 5 millones de personas, estén vacunados durante el primer semestre del 2021.

Por otro lado, el Ministerio de Salud ha publicado que las personas con discapacidad física o mental que se encuentren residiendo en centros de larga estadía, serán incluidos como grupos de riesgo prioritarios en el plan de vacunación nacional. Esta medida está en consonancia con España, pero dista de la recomendación de priorizar a todas las personas con discapacidad que ha entregado la IDA.

Pese a los considerables desafíos impuestos por la pandemia, también puede ser vista como una oportunidad para construir una sociedad cada vez más inclusiva, en la cual se identifiquen las barreras que experimentan las personas con discapacidad y se creen caminos de política pública orientados a eliminarlas.