De acuerdo con un análisis realizado por el Área de Estudios y Asuntos Públicos de Fundación Descúbreme, al mes de noviembre, 6 de los 7 candidatos a la presidencia habían incluido propuestas concretas en el área en torno a la discapacidad en sus respectivos programas de gobierno.
“En términos generales, evaluamos de manera positiva las propuestas realizadas en torno a la inclusión de las personas con discapacidad presentes en los programas presidenciales, en todos ellos -con excepción al de Eduardo Artés- es posible encontrar medidas concretas para eliminar las barreras que experimenta este colectivo, el cual representa un 16,9% de la población en Chile”, señaló Carola Rubia, directora ejecutiva de Fundación Descúbreme.
De acuerdo a los lineamientos establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, ratificada por Chile en el 2008, algunas de las propuestas que destacan corresponden a las siguientes: la creación de nueva institucionalidad pública sobre discapacidad; la entrega de una educación inicial inclusiva; la realización de ajustes razonables y la consideración de medidas de accesibilidad para atenciones de salud; el incentivo de la participación de las organizaciones de y para personas con discapacidad y el aseguramiento del acceso a la justicia por parte de este colectivo en igualdad de condiciones que los demás.
Por otro lado, a partir del análisis realizado pudimos establecer qué candidatos cuentan con el mayor número de medidas vinculadas a estos ámbitos. En este sentido, se observa que Yasna Provoste cuenta con el repertorio de propuestas más completo de todos los candidatos, seguido por el de José Antonio Kast, Gabriel Boric, Marco Enríquez-Ominami, Sebastián Sichel y Franco Parisi, respectivamente.
A continuación, les presentamos las principales propuestas de cada candidato en cinco ámbitos; salud, educación, trabajo, accesibilidad y ayudas técnicas, y políticas públicas e institucionalidad:
Salud: se propone crear un Sistema Nacional de Cuidados con el fin de fortalecer el rol que posee el Estado en estas materias. Este organismo se enfocará en los cuidados vinculados a los niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, personas mayores, personas en situación de dependencia y personas cuidadoras. También, se impulsará una Ley de Salud Mental con el fin de potenciar la entrega de estas atenciones a través de un modelo comunitario.
Educación: se buscará avanzar hacia un sistema educativo más inclusivo mediante la modificación del financiamiento de todas las modalidades de educación especial para poder asegurar la entrega de los apoyos requeridos.
Trabajo: se desarrollará una política y programa para promover el acceso al empleo de mujeres con discapacidad. Además, se actualizará la Ley de Inclusión Laboral, aumento la cuota ahí establecida y se mejorarán las facultades entregadas a la Dirección del Trabajo.
Accesibilidad y ayudas técnicas: se creará una institucionalidad específica con el objetivo de articular todos los programas vinculados a la entrega de ayudas técnicas.
Políticas públicas e institucionalidad: se establecerá un Sistema Nacional de Apoyos Públicos, el cual tendrá la misión de garantizar el acceso de las personas con discapacidad a la justicia mediante el pleno ejercicio de su capacidad jurídica.
Salud: se buscará garantizar el acceso a rehabilitación para los niños, jóvenes y adultos con discapacidad, incrementando las becas para la formación de profesionales del área. También, se potenciará la Red de Salud Mental Comunitaria y se creará un Sistema Nacional de Cuidado, el cual se enfocará en la provisión de servicios sociales en esta materia.
Educación: se propone desarrollar directrices y protocolos específicos para la educación a distancia de emergencia que consideren a los estudiantes con discapacidad, adecuar los contenidos digitalizados para estudiantes con discapacidad a formatos accesibles, considerar un modelo de subsidios de asistencia a la educación por discapacidad durante la pandemia de COVID-19, proporcionar apoyo socioemocional a los estudiantes y sus familias, y apoyar a los estudiantes con discapacidad durante el proceso de retorno educativo.
Trabajo: se plantea el aumento de la cuota de la Ley de Inclusión Laboral a un 4% en empresas privadas y al 2% en organismos públicos. Además, se crearán programas regulares de SENCE, FOSIS, SERCOTEC y otros, basados en un enfoque inclusivo con el fin de promover la participación laboral de este colectivo.
Accesibilidad y ayudas técnicas: se establecerá una tarjeta que garantice transporte gratuito para todas las personas con discapacidad, ya sea en buses urbanos, interurbanos o el Metro de Santiago, a la vez de garantizar la difusión de información accesible sobre la pandemia.
Salud: se implementarán medidas vinculadas a los cuidados como la creación de un subsidio que financie el cuidado de hijos e hijas en casa por parte de familiares y la implementación de un programa que busca consolidar una red de cuidadores domiciliarios conformado por personas previamente capacitadas. Respecto a salud mental, se indica que se impulsará una nueva política para asumir los desafíos existentes.
Educación: en términos generales, se plantea que, a largo plazo, es necesario avanzar hacia un sistema educativo inclusivo en el cual todos los estudiantes puedan aprender y tener éxito. Para lograrlo, se plantea fortalecer el rol de los Programas de Integración Escolar, modificar las bases curriculares actuales y establecer unidades de apoyo para la inclusión en establecimientos de educación superior. Además, se indica que se derogará el Decreto 170, el cual fija normas para determinar los alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE) que serán beneficiarios de las subvenciones de educación especial.
Trabajo: para incentivar la participación de este colectivo en el mercado laboral abierto, se propone implementar un sistema de incentivos tributarios vía franquicia con el fin de las empresas puedan realizar las adecuaciones arquitectónicas y financiar las ayudas técnicas y medidas de apoyo que puedan ser requeridas.
Accesibilidad y ayudas técnicas: se plantea crear un fondo especial del Ministerio del Transporte con el fin de financiar las modificaciones necesarias. También, se buscará abrir nuevas licitaciones e incentivos para que los empresarios renueven sus máquinas y, en el caso del transporte particular, se buscará eliminar los cobros de impuestos, usos de puertos y fletes para personas con discapacidad. Además, se indica que se facilitará la obtención de partes o accesorios las ayudas técnicas con el fin de que puedan ser rápidamente reparadas.
Política pública e institucionalidad: se buscará reemplazar el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) con una Subsecretaría de la Discapacidad. También, se trabajará para que todas las municipalidades cuenten con una Oficina de Discapacidad.
Salud: se buscará mejorar las prestaciones de salud mental mediante un aumento de la dotación del recurso humano involucrado y la reestructuración del programa que aborda esta temática.
Educación: se propone que aquellos estudiantes que tengan enfermedades de complejo tratamiento puedan optar por una educación en casa. En estos casos, los contenidos serán entregados en formato digital y será responsabilidad del Estado entregar los medios técnicos para desarrollar el proceso de aprendizaje en estos contextos.
Accesibilidad y ayudas técnicas: se indica que se trabajará en avanzar en cumplir con los parámetros de accesibilidad universal de los espacios públicos.
Política pública e institucionalidad: se plantea crear una Subsecretaría Deportiva Paraolímpica con el objetivo de promover la actividad física y el deporte en las personas con discapacidad, y posicionar a Chile en la alta competencia paraolímpica. Por otro lado, se buscará aumentar los subsidios destinados a hogares de sectores socioeconómicos vulnerables que necesiten realizar modificaciones en sus viviendas para que sean accesibles.
Salud: se fortalecerá el modelo de rehabilitación basada en la comunidad, asignando los recursos respectivos para ello. También, se implementará una Nueva Estrategia Integral de Cuidados en Salud Mental y se robustecerá el Sistema de Cuidados (ChileCuida).
Educación: se propone construir una cultura educativa inclusiva, diversa, con pertinencia social y cultural. En el nivel de educación parvularia, se indica que se mejorarán los sistemas de identificación y atención temprana de niños(as) con discapacidad a través del programa Chile Crece Contigo. Por otro lado, se indica que se rediseñarán los programas de provisión de apoyos a estudiantes con discapacidad y se impulsará la detección de barreras existentes en los entornos educativos. Para lograr esto, se reformulará el sistema de financiamiento para que todos los establecimientos, sin distinción de tamaño, dependencia y ubicación geográfica, ofrezcan educación con equidad y sin exclusión. Respecto a la educación superior, se señal que se considerarán las directrices del diseño universal en el sistema de admisión a este nivel.
Trabajo: en este ámbito, se garantizará que las empresas hagan las adecuaciones y ajustes razonables que las personas con discapacidad requieran y se perfeccionará la Ley de Inclusión Laboral con el fin de mejorar los incentivos a la participación de este colectivo en el mercado laboral abierto. También, se considerarán a las personas con discapacidad como un grupo prioritario para la entrega de capacitaciones y formación para el empleo.
Accesibilidad y ayudas técnicas: se incorporarán los principios de Diseño Urbano en los Planes Maestros de Vivienda de Acceso Público, lo que incluye la mejora de los estándares de accesibilidad para personas con discapacidad y personas mayores. Además, se avanzará en asegurar la accesibilidad universal de las principales áreas silvestres protegidas del país. Por otro lado, incrementará la cobertura y la facilidad para obtener las ayudas técnicas que requieren las personas con discapacidad.
Política pública e institucionalidad: se elevará la cobertura del del subsidio por discapacidad mental para menores de 18 años desde el actual 20% de hogares de menores recursos al 60% de ellos, igualando la cobertura del Subsidio Familiar. También, se impulsarán una serie de medidas para garantizar que la gestión del Estado sea inclusiva y accesible para este colectivo.
Salud: en este ámbito, se propone eliminar las preexistencias asociadas a discapacidad en los planes de salud y actualizar listado de enfermedades y prestaciones AUGE para incorporar nuevas enfermedades poco frecuentes y accidentes vinculados a discapacidad. También, se promoverán los programas de salud mental y se implementará una red nacional de Centros Comunitarios de Rehabilitación.
Respecto a los cuidados, se reconoce el rol del Estado en la materia mediante la creación de una red de cuidadores y cuidadoras capacitados por el Estado y la entrega de apoyo económico a quienes realizan estas labores de manera informal. Por otro lado, se buscará facilitar el proceso de calificación y certificación de la discapacidad.
Educación: se impulsarán medidas que cautelen el derecho a una educación inclusiva en todos los niveles y modalidades para resguardar el desarrollo integral de las y los estudiantes con discapacidad.
Trabajo: se realizarán los ajustes legislativos para exigirle al sector público los mismos estándares de empleabilidad que se exige a las empresas. Además, se buscará que las personas egresadas de la educación especial puedan ingresar a trabajar al sector público.
Accesibilidad y ayudas técnicas: se plantea hacer de la lengua de señas una lengua oficial del Estado. Además, se promoverá la implementación de medidas de accesibilidad y diseño universal en museos, parques, instalaciones artísticas y patrimonio cultural en general.
Sobre las ayudas técnicas, se impulsará la creación de un fondo especial para la adquisición de estos dispositivos o artefactos.
Política pública e institucionalidad: se propone incluir variables de inclusión en el diseño de todos los programas sociales de manera gradual. También, se buscará entregar mayores herramientas de fiscalización de las medidas de inclusión para las personas con discapacidad en el diseño de políticas públicas.
Por otro lado, se propone la creación de un subsidio para el transporte público para las personas con discapacidad que estén inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad y en el Registro Social de Hogares. Finalmente, se impulsarán programas, planes y proyectos de acompañamiento a familias para la transición a la vida adulta para estudiantes egresados de la educación especial.
Luego de analizar las propuestas presentadas por las y los candidatos presidenciales y usando como referencia laConvención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de las Naciones Unidas y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); Fundación Descúbreme levantó una serie de propuestas en materia de discapacidad e inclusión, que buscan hacer llegar a los equipos programáticos de los presidenciables.
Carola Rubia, señaló que “si bien se observa un avance por la mayoría de los candidatos presidenciales por presentar medidas para promover la inclusión de las personas con discapacidad, hacemos un llamado a profundizar aquellos temas mencionados anteriormente y a considerar las propuestas impulsadas desde Fundación Descúbreme”.
Institucionalidad: crear una Subsecretaría de la Discapacidad con el fin de dar seguimiento a la CDPD y establecer Oficinas de Discapacidad en todas las municipalidades del país para expandir el modelo de Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo (EDLI) desarrollado por SENADIS. Además, se debe fortalecer el sistema integral de atención ciudadana en todos los servicios públicos disponiendo las medidas de accesibilidad pertinentes, incluida la lectura fácil.
Educación: garantizar la entrega de educación inclusiva desde el nivel inicial para todos los niños y niñas de Chile.
Salud: asegurar la accesibilidad y la realización de ajustes razonables en todo tipo de atención de salud en el sector público y privado.
Sociedad civil: fortalecer y aumentar la participación del tercer sector, es decir, de las organizaciones de y para personas con discapacidad.
Acceso a la Justicia: garantizar el acceso a la justicia en igualdad de condiciones para las personas con discapacidad y establecer una Defensoría de las Personas con Discapacidad.
El documento completo, que incluye el comparativo de las y los candidatos, está disponible para ser descargado en la página web: https://www.descubreme.cl/wp-content/uploads/2021/11/Candidaturas-presidenciales-y-discapacidad_Fundacion-Descubreme_Nov2021.pdf
(*) El candidato Eduardo Artés no cuenta con medidas concretas para promover la inclusión de personas con discapacidad en su programa presidencial.