Durante las últimas décadas, Chile ha dado significativos pasos para promover la participación de las personas con discapacidad en los diferentes ámbitos que componen la vida social. Esto se refleja en la promulgación en 2010 de la Ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de este colectivo, y en la entrada en vigor en abril de 2018 de la Ley N° 21.015, también conocida como Ley de Inclusión Laboral, entre otras cosas.

Tomando en cuenta estos avances, se observa que es necesario seguir trabajando para eliminar barreras en otros ámbitos con el fin de asegurar que las personas con discapacidad puedan vivir de manera independiente y autónoma dentro de sus comunidades.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas establece que los Estados Partes deberán adoptar todas las medidas que sean pertinentes para garantizar que este colectivo pueda elegir dónde y con quién vivir, acceder a servicios de apoyo y asistencia personal en sus contextos y gozar plenamente de todos sus derechos políticos y civiles. De esta manera, es posible asegurar que las personas con discapacidad puedan desarrollar sus proyectos de vida de acuerdo a sus intereses, motivaciones y convicciones.

En nuestro país, aún existen una serie de barreras legales, actitudinales y del entorno que restringen o limitan la independencia y autonomía de este colectivo. Por un lado, todavía se encuentran vigentes figuras legales que impiden el ejercicio de la capacidad jurídica por parte de las personas con discapacidad, y por el otro, los datos provistos por el Estudio Nacional de la Discapacidad del 2015 señalan que este sector de la población, tiene una participación de un 6% menor que el resto de la población en organizaciones sociales.

Pese a la amplitud y complejidad que presentan estas temáticas, Zero Project ha identificado una serie de iniciativas que promueven efectiva y sosteniblemente la vida independiente y la participación política de las personas con discapacidad alrededor del mundo. Dentro de ellas, cabe destacar algunas de estas iniciativas que se han diseñado e implementado en países de América Latina y el Caribe.

Así, en México, Fundación Inclúyeme implementó un programa de transición a la vida adulta para personas con discapacidad cognitiva, el Instituto Jô Clemente llevó a cabo un proyecto sobre autogestión para el mismo colectivo anterior y en Costa Rica el Centro Morpho realizó un importante trabajo para lograr que se promulgue la Ley N° 9379, que promueve la autonomía personal de las personas con discapacidad.