Desde la realidad social y las diversas investigaciones realizadas en materia de desigualdades, existe consenso en el hecho de que las brechas a las que se enfrentan los grupos históricamente postergados se ven agravadas si estos presentan una condición de discapacidad. Es así, como en cada indicador que se observe, ya sea trabajo, salario, salud, educación, entre otros, las personas con discapacidad se enfrentan a mayores dificultades que el resto de la población a lo largo de toda la vida. Existiendo en esta última variable, género, grandes diferencias y desigualdades entre mujeres y hombres con alguna condición asociada a ella.

Las últimas estimaciones realizadas por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia [MDSF], a partir de la Encuesta de Discapacidad y Dependencia ENDIDE 2022, confirman la brecha en materia de género que distintos organismos a nivel internacional, como la Organización Mundial de la Salud [OMS], han anunciado como un fenómeno a nivel mundial.

Por ello, según la ENDIDE 2022, actualmente en Chile se estima que hay 2.703.893 adultos con discapacidad, correspondiente al 17,61% de la población mayor de 18 años residente en el territorio. Dentro de este colectivo, las personas de sexo masculino representan el 13,14% de la población con discapacidad (986.106 individuos), mientras que, para el caso de las mujeres esta cifra asciende a 21,88% (1.717.787 individuos). Además, si se observan los indicadores de grados de discapacidad por sexo, queda en evidencia que hay un mayor porcentaje de discapacidad severa en mujeres (14,6%) en comparación a los hombres (8,0%).

Así, sobre la brecha de género en materia de discapacidad, la Organización Mundial de la Salud (2018)[1], ha entregado algunas respuestas para comprender esta problemática. Dando cuenta de que existen diversas razones para justificar el hecho de que las discapacidades, en general y, en la población mundial, sean más frecuentes en mujeres antes que en hombres.

En primer lugar, según la OMS (2018), se observan condicionantes relativas a las estructuras y composiciones sociodemográficas de los países, que responden a una mayor longevidad y esperanza de vida en mujeres, en comparación a los hombres. Es decir, en palabras simples, las mujeres viven más, y tal como indica la ENDIDE 2022, al vivir más años, presentan una mayor condición de discapacidad y también, mayor severidad en ella.

En segundo lugar, se esgrimen razones sanitarias, ya que las mujeres presentarían resultados sanitarios deficientes en comparación con los hombres, es decir, aunque ambos grupos poblacionales puedan enfrentarse a los mismos problemas de salud, las mujeres tienen menos probabilidades que los hombres de acceder a los servicios sanitarios o a los tratamientos que sean necesarios a lo largo de toda la vida. En tercer lugar, están los fundamentos basados en el acceso a la educación, donde se observan bajas tasas de rendimientos en los estudios en el caso de las mujeres.

En último lugar, se encuentran las razones de participación socioeconómica en la vida social, puesto que, por un lado, las mujeres participan menos en actividades económicas y, por otro lado, están los índices de pobreza que son más elevados en mujeres, y en específico, en mujeres con discapacidad.

Sobre estos últimos puntos, de acceso a la educación, participación en la vida social, económica y laboral, y los índices de pobreza y vulnerabilidad, es importante destacar que cada uno ellos, también se reflejan en las diferencias y desigualdades que se vuelven evidentes por la construcción y permanencia de estereotipos de género, por ejemplo, en las profesiones entre mujeres y hombres.

De hecho, la ENDIDE 2022, también entrega aportes sobre esto mismo con relación a las diferencias por sexo, según rubro y considerando en ambos la condición de discapacidad en Chile. De manera que, la encuesta estima que el mayor porcentaje de población con discapacidad se desenvuelve en 1. Área de enseñanza, 2. Industrias manufactureras, 3. Construcción y 4. Actividades de alojamiento. De esos rubros, las principales diferencias por sexo se presentan en el área de enseñanza, donde se estima que mientras un 83% de mujeres con discapacidad trabajan en ese rubro, solo el 17% restante corresponde a hombres con discapacidad. En la construcción, un 91% aproximadamente de los hombres con discapacidad, se desempeña en ese rubro y en mujeres con discapacidad solo un 9% y, por último, en actividades de alojamiento, un 71% aproximadamente de las mujeres con discapacidad, se encuentran trabajando en ello, mientras que, en el caso de los hombres con discapacidad, es un 29% aproximadamente.

Destacando que, en el caso de las industrias manufactureras no existen grandes diferencias en la estimación, puesto que un 51% aproximadamente de mujeres con discapacidad se desempeñan en esa área y en el caso de los hombres con discapacidad, el porcentaje corresponde a un 49% aproximadamente.

En efecto, es importante comprender además que la base de todas esas desigualdades y su permanencia está “en las normas y políticas que redundan en perjuicio de la mujer; la evolución de las estructuras familiares; y la persistencia en las mujeres de tasas más elevadas de empleo no remunerado y de participación en el sector informal” (OMS, 2018).

En esa línea, con relación al mundo del trabajo y a la interseccionalidad entre género y discapacidad, la Dirección del Trabajo (DT) en Chile, a fines del 2022, presentó un Informe Estadístico con diversos datos administrativos con relación a este ámbito en el país. Ese informe menciona que, de los 100.581 contratos únicos registrados en la DT, 64% (64.502) corresponden a hombres y un 36% (36.079) a mujeres. En el caso de los hombres, 69% (7.344) corresponde a asignatarios de pensión de invalidez, 64% (27.675) a PcD y un 63% (29.483) a hombres con ambas condiciones. En el caso de las mujeres, 31% (3.372) corresponde a asignatarias de pensión de invalidez, 36% (15.633) a PcD y un 37% (17.074) a mujeres con ambas condiciones.

Es decir, desde que la ley entró en vigencia hasta noviembre de 2022, 46.557 corresponde al total de personas contratadas con ambas condiciones, 43.308 al total de PcD y 10.716 al total de personas asignatarias de pensión de invalidez.

Adicionalmente, al momento de la elaboración del informe estadístico, en noviembre de 2022, unos 51.848 contratos estaban vigentes, correspondiendo un 62% (32.504) a contratos vigentes de hombres y un 38% (19.344) a contratos vigentes de mujeres.

Con relación al estado vigente del contrato (a la fecha del informe), en el caso de los hombres, un 68% (3.741) corresponde a asignatarios de pensión de invalidez, 63% (16.016) a PcD y un 61% (12.747) a hombres con ambas condiciones. En el caso de las mujeres, un 32% (1.767) corresponde a asignatarias de pensión de invalidez, 37% (9.404) a PcD y un 39% (8.173) a mujeres con ambas condiciones. Por lo que, bajo la condición de contrato vigente, 20.920 corresponde al total de personas contratadas con ambas condiciones, 25.420 al total de PcD y 5.508 al total de personas asignatarias de pensión de invalidez.

Por último, señala que la remuneración imponible promedio mensual de trabajadores con contratos vigentes, a nivel nacional, es de $ 621.197, siendo para los hombres de $ 641.418 y para las mujeres de $ 587.231, existiendo una brecha salarial de un 8%. En el análisis por la región en la que se desempeñan, los datos indican que Antofagasta lidera con un salario promedio de $ 840.817, le sigue Aysén con $ 763.613 –única región en la que las mujeres reciben un mayor salario que los hombres, siendo estos $807.467 y $714.487 respectivamente– Atacama con $ 685.878 y Tarapacá con $666.654 brutos mensuales, mientras que las regiones que indican un salario promedio más bajo son Ñuble con $497.430, Araucanía con $515.101 y Maule con $518.047.

La región Metropolitana presenta un salario promedio de $ 656.246, donde los hombres reciben un salario promedio de $ 673.350 y las mujeres un salario promedio de $ 629.980.

Dicho lo anterior, los datos presentados revelan preocupantes disparidades y desigualdades de género con relación a la discapacidad. Recordando que, así como lo destaca la OMS, las razones detrás de esas desigualdades de género en la discapacidad son variadas y diversas, en la medida en que consideran factores demográficos, de salud, educativos, socioeconómicos y culturales, requiriendo hacerse cargo de una serie de desafíos que llevan a pensar las problemáticas desde la interseccionalidad, para abordar áreas claves en las que se manifiestan y resaltan algunas desigualdades.

Es fundamental adoptar un enfoque integral y con ello, una perspectiva de género para comprender todas las problemáticas existentes y sus complejidades y, con ello, para comenzar un trabajo de prevención en futuras generaciones y en la existencia y desarrollo de desigualdades que puedan seguir afectando a diversos grupos de personas. Esto implica promover la equidad, la diversidad y la inclusión social en todos los aspectos de la vida de las personas, sin importar su género, condición de discapacidad, edad u otros factores, eliminando obstáculos, barreras y dificultades que se presenten en distintos ámbitos y niveles y que puedan impedir la participación plena de todas las personas en la vida social.

[1] [1] https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/women-s-health