El efectivo ejercicio de derechos humanos como la educación, accesibilidad, salud, empleo, participación política y no discriminación, entre otros, permiten el tránsito a una vida independiente y a la plena inclusión de las personas con discapacidad, reconocidos como ciudadanos en igualdad de condiciones.
María Soledad Martínez, jefa de Estudios y Asuntos Públicos de Fundación Descúbreme, abordó las nuevas tendencias internacionales que fomentan el tránsito a la vida independiente de las personas con discapacidad y como está nuestro país en este contexto.
 ¿Cuáles son los factores que fomentan el tránsito a la vida independiente de las personas con discapacidad y por qué son relevantes?
En general, cuando hablamos de discapacidad desde la política pública, mencionamos los temas y no a la persona, “el tema de la inclusión laboral”, “el tema de la educación”; y no hablamos de la persona, sus derechos y su desarrollo en torno a las etapas del ciclo vital, el cual constituye un eje para políticas públicas en países como Noruega y Australia.
Centrar la política pública en problemáticas aisladas una de la otra, ha generado que hoy existan iniciativas legislativas completamente desconectadas entre si. Contamos con la ley de inclusión escolar por un lado y la ley de inclusión laboral, por el otro y pareciera que entre ellas no conversan. Hoy el 96% de los cargos que desarrollan personas con discapacidad son de nivel operativo, y el último Estudio Nacional de Discapacidad, hace evidente la causa: en promedio las personas con discapacidad presentan 8.4 años de educación versus los 11.6 de las personas sin discapacidad, con un alto nivel de deserción en instituciones de tipo regular, tanto públicas como privadas, sobre todo en el caso de personas con discapacidad cognitiva.
¿Es importante que los programas sociales que se desarrollen tengan esta noción como base?
Con la entrada en vigencia de la Ley N° 21.015, se abren oportunidades para que más de 30.000 chilenos formen parte de manera activa y productiva del mundo del trabajo, sin embargo, la participación desde la política pública en otros ámbitos del desarrollo humano no ha sido abordada, y sin ello disminuye de manera significativa el impacto a largo plazo y la sostenibilidad de iniciativas como esta. Es fundamental diseñar una política pública que no sólo aumente la tasa de ocupación de las personas con discapacidad, sino que facilite el tránsito a una vida independiente, donde las personas con discapacidad participen como sujetos valorados en la vida social económica, política y cultural de la comunidad, siendo protagonistas de relaciones interpersonales apreciadas y respetuosas mutuamente, relaciones de confianza a nivel familiar, de pares y de comunidad.
¿En otros países hay experiencias que permitan este tránsito?
Efectivamente. En Australia o Noruega hay políticas públicas que están estructuradas en torno al ciclo vital de las personas con discapacidad. En el caso de Chile, la ley de inclusión laboral es un primer paso, pero exige modificaciones o mejoras de la educación inclusiva. Hoy una de las brechas más importantes en esta materia, es la baja proporción de personas con los perfiles adecuados en relación a la demanda del mercado laboral que surge con esta normativa, lo que podría mantener y aumentar la contratación sólo en cargos operativos y no favorecer el desarrollo de una carrera laboral y baja rotación.
En este sentido, pensar el derecho al empleo como un medio para transitar a una vida independiente y de plena participación social, requiere del ejercicio efectivo de otros derechos, al igual que con cualquier otro ciudadano. En esto, la educación es clave, así como también la estimulación temprana, derechos ciudadanos, salud, capacidad jurídica,  participación política, entre otros.
¿La promulgación y puesta en marcha de la Ley de inclusión laboral constituye un avance en esta dirección?
Sin ninguna duda. Hace una década Chile ratificó la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, lo que en sí mismo constituye un avance en materia de inclusión social. Hoy estamos en un proceso de cambio cultural, donde las normas se han convertido en aceleradoras de transformaciones sociales y donde la sociedad civil, en un trabajo colaborativo con el gobierno y el sector privado, deben continuar trabajando para la implementación, en las próximas indicaciones que envíe al gobierno al proyecto de ley y en su evaluación para el año 2020.
Desde Fundación Descúbreme, nos encontramos en constantes conversaciones con organismos internacionales y nacionales, para que Chile, dentro de los países de Iberoamérica y la OCDE que han promulgado este tipo de normas, se convierta en un caso de éxito y no en una mera declaración de buenas intenciones, para lo cual es fundamental identificar y eliminar los obstáculos que restringen la participación y la autorrealización de los individuos en la sociedad.