El primero de abril se cumplió un año de la implementación de la ley de inclusión laboral, la cual ha sentado las bases institucionales para la promoción de un cambio cultural que asegure no sólo del acceso al mercado laboral abierto de las personas con discapacidad, sino también su desarrollo y su transición a la vida independiente.
Este primer año de implementación nos ha demostrado que existen importantes brechas sociales que se replican y profundizan. Respecto del género, por ejemplo, los hombres con discapacidad incluidos mediante esta ley alcanzan el 66,32% del total, mientras que las mujeres con discapacidad alcanzan sólo el 33,68%. En el caso de las remuneraciones, las personas con discapacidad hoy perciben sueldos en un 18,3% por debajo del promedio nacional.
El desafío que enfrentamos es grande. La experiencia internacional ha demostrado que las leyes de cuotas son el sistema que produce un mayor fomento a la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Sin embargo, también ha relevado que, sin un adecuado seguimiento y análisis, este tipo de normativa no cumple con su objetivo, ni es capaz de disminuir las brechas particulares que viven las personas con discapacidad.
La ley de inclusión laboral está diseñada desde su origen con mecanismos de revisión y evaluación intersectoriales para identificar las adaptaciones necesarias para su correcto funcionamiento. Sin embargo, para alinear la normativa legal con las necesidades de las personas con discapacidad, es necesario que estas evaluaciones, además de ser realizadas de manera periódica, integral, y a lo largo del tiempo, involucren a todos los actores, tanto de la sociedad civil, como del sector público y del sector privado. Si las evaluaciones no consideran estos elementos, pueden resultar ineficientes e incluso contrarias al espíritu de la ley, que es, finalmente, la inclusión laboral de las personas con discapacidad.
El compromiso de quienes formamos la sociedad chilena es clave y la invitación es a unirse a este objetivo y continuar trabajando para asegurar que la inclusión laboral de las personas con discapacidad garantice la igualdad de condiciones y de oportunidades para todos y todas.
Carola Rubia
Directora ejecutiva Fundación Descúbreme