En Chile más de 545 mil personas entre 18 y 44 años presentan alguna situación de discapacidad, De esta población, sólo el 9,1% cuenta con estudios superiores, a diferencia del 20% de las personas sin discapacidad, lo que se debe en gran medida a las barreras para el acceso y más aún para el desarrollo en un sistema educativo que les permita egresar e incorporarse al mundo laboral, ya sea de manera dependiente o independiente.

Lo anterior constituye una brecha y un incumplimiento de nuestro país con las personas con discapacidad, ya que la Convención Internacional sobre los Derechos de esta población, ratificada por Chile en 2008, obliga a los estados a garantizar una inclusión en la educación que sea transversal a todos los niveles.

Con relación al acceso en la educación superior, este año ocurrió un hito en la aplicación de la Prueba de Selección Universitaria, ya que se aprobaron 1.324 solicitudes de adecuaciones y apoyos de personas con discapacidad, lo que permitió doblar la cantidad de estudiantes en esta situación que rindieran la prueba. Sin embargo, esto no agota las posibilidades para que las y los estudiantes con discapacidad puedan ser parte de una educación inclusiva tanto en la etapa escolar como en el nivel superior.

En la actualidad la Ley N°20.422 establece que las instituciones de educación técnico-profesional y universitaria deben garantizar ajustes razonables para el acceso de las personas con discapacidad y para el óptimo desempeño de estas en el aula. No obstante, se desconocen los estándares para este tipo de iniciativas.

Es así, que las recomendaciones para una política pública efectiva en esta materia apuntan directamente a elaborar una reglamentación específica que asegure el acceso y participación de estudiantes con discapacidad; generando mecanismos que favorezcan la transición desde la enseñanza media a superior; fomentando un trabajo colaborativo que articule a los actores del ecosistema de educación para que esta población tenga claridad de la ruta y apoyos existentes no sólo para el ingreso sino para la permanencia y egreso en igualdad de condiciones.

Por último, urge contar con una línea de base que nos permita identificar el estatus actual de inclusión de estudiantes con discapacidad en el nivel superior y a su vez contar con una sistematización de datos para el diseño de políticas y programas focalizados en derribar las barreras que hoy no les permiten ser parte del desarrollo de manera autónoma como sujetos de derecho y no de protección.

En esta línea, es que Fundación Descúbreme como aliado oficial de Zero Project en Latinoamérica, iniciativa internacional de investigación y conocimiento compartido sobre políticas y prácticas de inclusión social de personas con discapacidad, traerá en el mes de junio la conferencia del mismo nombre a Santiago, para poder acercar a gobiernos, instituciones y organizaciones de la sociedad civil en la región a las 84 prácticas y políticas innovadoras de educación inclusiva que fueron premiadas de un total de 316 postulantes a nivel global y que dan paso a la construcción de un mundo sin barreras para las personas con discapacidad.

Carola Rubia
Directora ejecutiva Fundación Descúbreme.