La emergencia sanitaria producida por el COVID-19 está teniendo un considerable impacto en las economías de los diferentes países afectados, por lo que las empresas han tenido que desarrollar un conjunto de estrategias y procedimientos para adaptarse a este nuevo contexto. En este sentido, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), mediante la realización de una encuesta de alcance global, indica que la mayoría de las organizaciones han implementado el teletrabajo, horarios laborales flexibles y la entrega de permisos pagados con el fin de proteger los empleos de las personas con discapacidad durante este periodo.

A nivel internacional, diferentes entidades como la Organización de las Naciones Unidas, Plena Inclusión, European Disability Forum y la ya mencionada OIT, han hecho un llamado a que las respuestas de los diferentes actores involucrados en el mundo del trabajo sean inclusivas y accesibles para las personas con discapacidad. Para lograr esto, es crucial que las empresas realicen ajustes razonables y entreguen tecnologías de apoyo tanto para los trabajadores con discapacidad que se encuentren trabajando desde la casa, como para los que siguen desempeñándose de forma presencial. Por otro lado, se ha resaltado la importancia de que las autoridades establezcan medidas de protección social focalizadas en este colectivo, junto a la mantención de los servicios de apoyo dirigidos a personas con discapacidad.

En nuestro país, el Gobierno puso en marcha el Plan Económico de Emergencia para entregar apoyo a los trabajadores, empresas y familias más afectadas por las consecuencias derivadas de la pandemia. Pese a estos esfuerzos, aún existen algunas brechas en el acceso a estos beneficios por parte de las personas con discapacidad. Esto se refleja en que los trabajadores que poseen una pensión de invalidez total no pueden acogerse a la Ley de Protección al Empleo (LPE) debido a que no están obligados a cotizar para el Seguro de Cesantía, y que, en una primera instancia, los hogares compuestos por una o más personas que reciben una Pensión Básica Solidaria de Invalidez o un Aporte Previsional Solidario de Invalidez, no podían acceder al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), sin embargo, ahora sí están considerados.

Otro desafío para tomar en cuenta corresponde al cambio en el mercado laboral a partir de esta pandemia, por lo que es fundamental entregar apoyo, herramientas e instancias de formación a aquellos trabajadores que han sido desvinculados con el fin de que puedan reconvertirse laboralmente. En el caso de los trabajadores con discapacidad, se han visto considerables avances en los más de dos años de vigencia de la Ley de Inclusión Laboral, pero también se ha visibilizado la necesidad de establecer una ruta clara y articulada para agilizar la entrada y permanencia de este colectivo en el ámbito del trabajo.

En este contexto, Fundación Descúbreme es un socio estratégico del proyecto Pacto de Productividad Chile, el cual cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y tiene el propósito de promover el rol productivo de las personas con discapacidad mediante la creación de un modelo de inclusión laboral basado en las observaciones de todos los actores involucrados en estos procesos. De esta forma, esta iniciativa puede ser un pilar fundamental para la construcción de un mundo del trabajo más inclusivo y accesible en tiempos de COVID-19.