Durante abril de este año, se cumplieron 3 años de la implementación de la Ley 21.015, la cual establece la exigencia de contratación de personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez en el sector público y privado. En el Artículo 4 de las Disposiciones Transitorias de esta normativa, se indica que durante el tercer año de su entrada en vigencia los Ministerios del Trabajo y Previsión Social, Desarrollo Social y Hacienda deberán realizar una evaluación tanto de la implementación como de la aplicación de la reserva legal de contratación. 

Sin duda la implementación de la Ley 21.015 ha impulsado considerablemente la inclusión laboral de las personas con discapacidad en el mercado laboral abierto, sin embargo, aún es necesario seguir trabajando para que esta normativa pueda consolidarse a nivel nacional. Lo último se refleja en que, según los datos de la Dirección del Trabajo, a marzo de este año se han registrado un total de 32.334 contratos. De este número, un 44,2% se había iniciado antes de que esta normativa entrará en vigor, mientras que el 55,7% de ellos fueron celebrados a partir de abril del 2018. Sin embargo, del total de contratos registrados el 34,7% ha terminado.  

Esta situación puede explicarse, en parte, por los considerables efectos que ha tenido la pandemia de COVID-19 en la economía nacional, pero también da cuenta de la importancia de avanzar hacia una estandarización sobre la forma en que se desarrollan los procesos de inclusión laboral y, ante todo, a la generación de conciencia en torno a la discapacidad, la existencia de prejuicios y a la promoción de políticas públicas que aborden las brechas en educación que enfrenta el colectivo. 

Teniendo en consideración todo lo anterior, desde Fundación Descúbreme proponemos que se fortalezca el sistema de fiscalización y sanción de la implementación de la ley en el sector privado; la entrega de herramientas a los empleadores para que puedan desarrollar procesos de inclusión laboral exitosos y sostenibles; el fortalecimiento de políticas públicas orientadas a capacitar a personas con discapacidad, incluyendo los procesos de certificación de competencias para el trabajo, entre otras propuestas que levantamos.  

Finalmente, hacemos un llamado a no detenernos, porque hemos dado pasos importantes. Sigamos generando instancias y espacios de diálogo entre los diferentes actores del ecosistema laboral con el fin de poder fortalecer la Ley de Inclusión Laboral tomando en cuenta los diferentes puntos de vista y experiencias existentes al respecto.  

Carola Rubia D.
Directora Ejecutiva
Fundación Descúbreme