En Chile hay más de 2,6 millones de personas con discapacidad, quienes día a día experimentan una serie de barreras que limitan o impiden su plena participación en los diferentes espacios de la vida social. Pese a los esfuerzos realizados desde el gobierno anterior por apoyar a este colectivo, solo se materializaron 2 de 7 promesas de campaña en relación a discapacidad e inclusión, dejando otros 5 proyectos pendientes en materia de inclusión educativa y laboral.

Uno de los desafíos que deberá asumir el gobierno actual es seguir trabajando para acortar las diferentes brechas que presentan las personas con discapacidad en ámbitos como salud, educación y trabajo, en un contexto que se ha visto marcado por la pandemia y la incertidumbre económica a nivel mundial. En línea con lo anterior, en Chile el 61,9% de las personas con discapacidad se siente desprotegida financieramente ante algún problema de salud (MDSF, 2021); el promedio de años de estudios corresponde a 8,6 en comparación con 11,6 años para las personas sin discapacidad; o que, un 57,2% de las personas con discapacidad adulta no participa del mercado laboral -llegando a un 62,8% en el caso de las mujeres con discapacidad (SENADIS, 2015).

Desde Fundación Descúbreme, en el marco de las elecciones presidenciales, realizamos una serie de propuestas que consideramos pertinentes para impulsar la inclusión social de las personas con discapacidad. Como son -por ejemplo- en el ámbito institucional, la creación de la Subsecretaría de la Discapacidad con el fin de dar cumplimiento a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Establecer Oficinas de Discapacidad en todas las municipalidades del país para expandir el modelo de Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo (EDLI) desarrollado por SENADIS y fortalecer el sistema integral de atención ciudadana en todos los servicios públicos disponiendo las medias de accesibilidad pertinentes, incluida la lectura fácil.

Así también, en el ámbito de educación se propone garantizar la entrega de educación inclusiva desde el nivel inicial para todos los niñas y niños de nuestro país. En el ámbito de salud, se propone asegurar la accesibilidad y la realización de ajustes razonables en todo tipo de atención de salud en el sector público y privado. Por otra parte, en relación a la sociedad civil, se propone fortalecer y aumentar la participación del tercer sector, es decir, de las organizaciones de y para personas con discapacidad y, por último, se propone el aseguramiento del acceso a la justicia en igualdad de condiciones para las personas con discapacidad y establecer una Defensoría de las Personas con Discapacidad.

Hacemos un llamado a que el actual gobierno aborde el desafío de la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad mediante el desarrollo de instancias participativas, en la que los diferentes actores vinculados a la materia puedan entregar sus puntos de vista, experiencias y propuestas. Es imperante que sea prioritario en la agenda pública que nos planteemos y construyamos una sociedad inclusiva y diversa para que nadie se quede atrás.