En el marco del mes de la discapacidad, Pacto de Productividad Chile, programa empresarial de promoción laboral para personas con discapacidad (PcD), dio a conocer un estudio, realizado en conjunto con J-Pal de la Universidad Católica y Fundación Mis Talentos, sobre la Evaluación de Impacto de la Ley 21.015, a cuatro años de su entrada en vigor.
Tomando en cuenta las empresas con más de 100 trabajadores -donde la legislación hace el corte, exigiendo el 1% de personas con discapacidad contratadas-, y a contar de la aplicación de la Ley, el estudio constató un aumento de 20,4% de los trabajadores con discapacidad contratados. Otro aspecto que cabe destacar es el aumentode la fracción de PcD con contrato indefinido.
El estudio mostró, en general, una mayor adherencia de todos los tipos de empresas a esta ley, respecto al cumplimento con la cuota al 2020. No obstante, el informe constató que la inclusión laboral de personas con discapacidad es mayor en firmas de mayor tamaño.
Al 2020, las empresas con menos de 50 trabajadores tenían, en promedio, 0,4% de trabajadores PcD, mientras que empresas de más de 5.000 trabajadores, un 0,92%. Esta dinámica de aumento de trabajadores PcD y de su concentración en firmas de mayor tamaño, si bien es muy relevante, no puede atribuirse con certeza estadística a la ley de inclusión laboral.
Para Ingrid Rojas, gerenta de Pacto de Productividad Chile, “lo que nos mueve como organización es abrir el camino para fomentar la inclusión en todas sus dimensiones, buscamos sellar alianzas para que, cada vez, sean más personas con discapacidad las que puedan ingresar en el mercado laboral abierto, en las mejores condiciones y equidad respecto a las personas sin discapacidad. Nos sentimos satisfechos al corroborar con nuestro estudio, que las empresas se han abierto a la inclusión. Sabemos que aún hay mucho por avanzar en esta materia, pero ya estamos dando grandes avances”.
Por último, el estudio agrega una serie de recomendaciones, entre las que destacan propuestas que actualmente impulsa el proyecto Pacto de Productividad Chile, y en las que se trabaja para profundizar en los próximos años:
Implementación de la Ley y articulación de actores: Creación de un programa público que apoye los procesos de la ley de inclusión (radicado en SENCE-MINTRAB) con apoyo de SENADIS, y fortalecimiento de OMILs.
Monitoreo del cumplimiento de la Ley: Reforzar el rol fiscalizador de la Dirección del Trabajo, buscar otros incentivos que obliguen a las empresas a su cumplimiento, por ejemplo, que ChileCompra exija el reporte de cumplimiento de la ley en Chileproveedores. Finalmente, se propone la creación de un Observatorio de Inclusión Laboral, proyecto propuesto por Pacto de Productividad Chile, que contribuya a la generación y disposición de conocimiento e información de calidad.
Promover la implementación de la Ley en el sector público: Superar las limitaciones en el número de funcionarios (planta y contrata) por medio de glosas presupuestarias que consideren cupos especiales, y se propone hacer accesibles las ofertas laborales y las plataformas de búsqueda de empleo de cada servicio público, tanto a través del portal www.empleospublicos.cl, como de la Bolsa Nacional de Empleo (BNE). Definir un organismo rector y coordinador de la implementación de la Ley (fortalecer rol de la Dirección Nacional de Servicio Civil u otro). Revisar si corresponde a Contraloría General de la República el rol de fiscalizador del cumplimiento de la Ley. Incorporar indicador de desempeño de “inclusión” en el Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG). Exigir certificado de Dirección de Trabajo de cumplimiento de cuota a contratistas que se relacionan con el Estado por medio de glosas presupuestarias (como es el caso de JUNAEB, que se relaciona con muchas empresas privadas).
Certificación de discapacidad: Realización de campaña de difusión de la credencial de discapacidad. Permitir la certificación de discapacidad también con certificado del Programa de Integración Escolar (PIE).
Difusión de la Ley de Inclusión Laboral: Continuar difundiendo la Ley en el ámbito de la inclusión y los derechos sociales, la dignidad de las personas y la diversidad.