En las últimas décadas, hemos visto avances significativos a nivel global para superar la exclusión y el aislamiento de las personas con discapacidad en la sociedad. Tradicionalmente, estos fenómenos están enraizados en prácticas sociales, jurídicas y legislativas que impiden a las personas con discapacidad ejercer su voluntad y tomar sus propias decisiones respecto de sus vidas. El principal avance corresponde a la evolución hacia un modelo que comprende la discapacidad como un fenómeno social influenciado fuertemente por el entorno: desde esta perspectiva, son las barreras del entorno -físicas o actitudinales- las que tienen la capacidad de incrementar o disminuir la inclusión de las personas con discapacidad.

Pese a lo anterior, el derecho a vivir una vida independiente, en igualdad de condiciones con los demás y ser incluidos en la comunidad se mantiene como uno de los principales desafíos al hablar de la inclusión de las personas con discapacidad.

En este sentido, cabe destacar que este derecho está resguardado por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por el Consejo General de las Naciones Unidas en 2008. Este instrumento propone un escenario donde todos los aspectos de las vidas de las personas con discapacidad suponen precondiciones que permiten la implementación integral del derecho a la vida independiente, incluyendo el derecho a la educación, al empleo, a la salud, a la participación política, a la cultura, el ocio, la recreación y el deporte y, sin lugar a duda, de la capacidad jurídica.

Esta Convención, además, establece la necesidad de promover la cooperación entre diferentes naciones para compartir las mejores prácticas que permitan avanzar en la materia. Uno de los principales aprendizajes en sus casi quince años de implementación consiste en la necesidad del intercambio de experiencias y el aprendizaje mutuo entre organizaciones para disminuir las barreras de todo tipo que restringen la participación plena de las personas con discapacidad en los diversos ámbitos de la vida.

De esta manera, organismos internacionales como la Asociación Europea de Proveedores de Servicios para Personas con Discapacidad (EASPD, por sus siglas en inglés) y, más cerca, la Unión Internacional de Telecomunicaciones organizan eventos cada año con el fin de identificar y difundir estas buenas prácticas en materia de inclusión. En la región de América Latina, existen diversas iniciativas que buscan promover el derecho a la vida independiente. Iniciativas como el Centro Down UC en Chile , el Instituto Jô Clemente en Brasil o el Centro Morpho en Costa Rica son solo algunos ejemplos de ello.

El próximo febrero se celebra uno de los eventos insignia sobre inclusión: la cuarta Conferencia Zero Project para el mundo hispanoparlante y la décima a nivel global en la Oficina de las Naciones Unidas en Viena, Austria, la que también será transmitida en línea. El impacto y la trayectoria de Zero Project se ven reflejados desde el 2013 hasta la actualidad, en la premiación de más de 700 soluciones innovadoras para la inclusión provenientes de más de 70 países del mundo.  La próxima conferencia estará enfocada, precisamente, en aquellas prácticas provenientes de todas partes del mundo que identifican las barreras aún existentes para la vida independiente y crean respuestas que permiten eliminarlas y avanzar en este derecho a nivel global. Por  tanto, nuestro trabajo como organizaciones de la sociedad civil y países comprometidos con la plena inclusión, debe estar guiado por la necesidad de reconocer la autodeterminación de las personas con discapacidad y de hacer entrega de todos los apoyos necesarios para que decidan qué vidas quieren vivir y cómo vivirlas. Sólo de esta manera estaremos trabajando por eliminar las barreras que impiden garantizar la igualdad de condiciones para una vida independiente y autónoma.