En abril pasado se cumplieron cinco años desde que entró en vigencia la Ley 21.015, que incentiva la inclusión laboral en Chile y que obliga a las empresas y organismos públicos con más de 100 trabajadores(as) a que el 1% de su fuerza laboral contratada sea personas con discapacidad (PcD).
Ha sido, por lejos, la mejor política pública implementada en nuestro país en materia de discapacidad, reforzada además desde noviembre del año pasado con la ley 21.275, que incorporó la obligatoriedad de la figura del Gestor de Inclusión, entre otras medidas.
Hay que recordar que de acuerdo al Tercer Estudio Nacional de Discapacidad, el 17,6% de la población mayor de 18 años presenta una discapacidad, es decir, 2 millones 703 mil 893 personas. Por otra parte, el Estudio Nacional de Discapacidad y Dependencia, ENDIDE 2022, reflejó una gran brecha de género, con más mujeres que hombres con discapacidad, donde además de las PcD contratadas, solamente un 36% son mujeres. Es decir, doble brecha.
Desde el año 2018 en Fundación Descúbreme, realizamos la encuesta “Percepciones de la ley de inclusión: una mirada desde las empresas”, para conocer cómo las empresas han implementado esta ley dentro de sus organizaciones y la percepción que tienen de la ley N°21.015 , a la cual este año incorporamos también la ley 21.275. Durante octubre, presentamos los resultados de nuestro noveno sondeo, realizado entre 115 empresas que han sido asesoradas por Fundación Descúbreme o pertenecen a la Red de Empresas Inclusivas (ReIN), muestra que incluyó todos los rubros económicos del país, liderando en participación los sectores Servicios (13,9%), Educación (12,2%) y Minería.
En materia de conocimiento de la normativa vigente, el 95% de las empresas a las que consultamos declaró tener un alto conocimiento de la ley 21.015, y sobre un 88% está interiorizado de los 3 requerimientos de la ley 21.275. Y no son las únicas cifras optimistas; la encuesta reflejó una positiva correlación entre el porcentaje de empresas asesoradas (77,4%) y el porcentaje de cumplimiento de la ley a través de la contratación de PcD (75,7%).
Sin embargo, hay un retroceso de 8 puntos en el porcentaje de empresas que cuentan con colaboradores con discapacidad o pensión de invalidez, bajando de 87,5% de empresas el 2022 a 79,1% este año. En cifras concretas de la Dirección del Trabajo, ha habido un avance. El año 2019 los contratos vigentes informados por las empresas bajo la Ley 21.015 eran poco más de 11 mil y el pasado 2022 se registraron 52.908 contratos vigentes con lo que se ha cuatriplicado su registro desde el año 2019. Este ha sido un avance paulatino donde de 11.426 contratos el 2019, aumentamos a poco más de 20.000 el año 2020, llegando a 21.128 el año 2021 para lograr los 52.908 del 2022.
Esta cifra representa el mayor desafío para nuestra fundación y todas las organizaciones enfocadas en hacer de Chile un país más inclusivo. También debemos seguir trabajando para conocer las razones detrás de la falta de contratación y retención, abriendo nuevas oportunidades de diálogo para generar leyes que permitan movilizar a nuestra sociedad hacia la dirección correcta. ¿Faltan perfiles idóneos? Sigamos capacitando. ¿Las empresas no saben dónde encontrar los perfiles adecuados? Fortalezcamos las redes existentes o busquemos alternativas mejores. ¿Hay una brecha educativa o de experiencia que no permitió generar contrataciones? Sigamos trabajando para que en las futuras generaciones esa brecha sea menor o simplemente no exista y desarrollemos la cultura inclusiva.
Sin ningún lugar a dudas, la ley ha logrado colocar el tema de la inclusión laboral en la conversación de las empresas y ha incentivado a la contratación de personas con discapacidad. Sin embargo, el nivel de cumplimiento todavía es bajo, sobre todo al considerar el sector público. A su vez, es necesario generar apoyos para que el segmento de micro y pequeñas empresas también se sumen a la inclusión como parte de su estrategia, a fin de que sea transversal. En la legislación española se otorgan incentivos tributarios a las empresas para la contratación y también, existe el beneficio de tutoría, que otorga un acompañamiento para apoyar y facilitar el desarrollo de conocimientos y habilidades para la gestión de la diversidad en estas organizaciones. ¡Debemos seguir avanzando!