Por Carola Rubia
Directora Ejecutiva Fundación Descúbreme

En la educación superior del país se suele identificar tres estamentos, el administrativo, el académico y el estudiantil. ¿Cómo se ven estos tres cuerpos bajo la mirada de los desafíos de inclusión que tenemos en nuestro país?

Al analizarlos uno a uno, encontramos que en lo que a administración se refiere -y al igual que en muchas otras organizaciones del país- existen varias instituciones educativas que aún no logran cumplir con la cuota de contratación de personas con discapacidad estipulada por la normativa vigente, pese a que la ley está en vigencia desde el año 2018.

Por otro lado, en el estamento estudiantil y según el informe “Matrícula en Educación Superior en Chile” de la Subsecretaría de Educación Superior (2024), la matrícula actual de personas con discapacidad en Educación Superior es de 13.099, lo que representa el 0,95% de la matrícula total de educación terciaria, considerando tres niveles: pregrado, posgrado y postítulo, y contemplando tres instituciones. La matrícula en universidades corresponde a 46,3%, en IP un 36,1%, y un 17,6% en CFT.

A lo anterior podemos sumarle el desafío de la empleabilidad de los alumnos con discapacidad al momento de egresar y transitar al mercado laboral, momento en que se enfrentan a una falta de continuidad en el apoyo recibido en la institución de educación superior, lo cual genera un vacío en su proceso, apareciendo las brechas de la realidad social.

En relación al estamento académico el gran desafío es la gestión de la diversidad en el aula, y la accesibilidad de la información al interior de ella. Creemos que la docencia está en deuda en incorporar herramientas para la gestión de la diversidad y los distintos tipos de discapacidades que se pueden presentar en el aula, y también en facilitar material accesible para todos. Por ejemplo, dar la posibilidad de rendir un examen en Braille, oral o mediante alguna herramienta digital a un estudiante con discapacidad visual, son ajustes razonables que las y los docentes pueden incorporar sin necesaria y estrictamente estar sujetos al cumplimiento de un reglamento o política interna de la Institución.

Cumplir la cuota de inclusión, realizar ajustes razonables para los estudiantes con discapacidad, capacitar a los profesores en cómo enseñarles a personas con discapacidad, tener una política de inclusión institucional e incorporar una asignatura de Discapacidad e Inclusión en los planes de estudio de la Educación Superior son algunas de las muchas acciones que se pueden tomar. No dejemos que el tiempo y las generaciones sigan pasando sin avanzar en la inclusión educativa.