Efectivamente, la inclusión laboral en un contexto global ha ganado terreno en varios países del mundo. En el caso de Chile, el país ha presentado avances con la Ley N°21.015 de Inclusión Laboral y la Ley N°21.275 que exige a las empresas pertinentes la adopción de medidas que faciliten la inclusión laboral de las y los trabajadores con discapacidad.

En otros países, como España, también existen marcos regulatorios específicos, entre los que destacan el Real Decreto del año 2007, que regula el empleo con apoyo y Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad (Real Decreto Legislativo del año 2013). Sin embargo, también se posicionan otras iniciativas para fomentar la inclusión que no sólo apuntan a la contratación de jóvenes con discapacidad, sino que también a la permanencia laboral en la adultez y en la vejez, etapas críticas que suelen demandar nuevos tipos de apoyo, debido al temprano deterioro físico y cognitivo que se presentan en estos colectivos.

Esto último, contrasta con la realidad de Chile, dado que en el país aún no se ha desarrollado un marco robusto de políticas, ni de iniciativas, que se hagan cargo de las personas con discapacidad intelectual y cognitiva en esta transición al envejecimiento laboral. Por lo que, haciendo énfasis con enfoque en la autodeterminación de la persona, urge actuar y dar una respuesta adecuada para asegurar la continuidad laboral de este grupo poblacional, protegiendo su derecho al trabajo y también para garantizar su participación en la comunidad, su bienestar y autonomía.

Así, el país debe comenzar a adoptar políticas y herramientas concretas que promuevan una inclusión laboral e integral. Replicando modelos e iniciativas exitosas en el mundo que no son difíciles de importar. Un ejemplo de ello, es la innovadora herramienta llamada PROLAB, creada en España, el cual es un instrumento desarrollado por INICO, de la Universidad de Salamanca, que permite la evaluación y detección de necesidades para la prolongación satisfactoria de la vida laboral en personas con discapacidad intelectual a medida que envejecen.

En efecto, replicar una herramienta con la adopción de un enfoque transformador de inclusión, en la que se reconozca esta dimensión de autodeterminación en el trabajo, sirve como una hoja de ruta para que Chile avance hacia una inclusión real y efectiva en la promoción y en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Creando marcos y políticas que inicien desde un compromiso social y avancen hacia una responsabilidad política y gubernamental para que todas las personas puedan envejecer con la dignidad que merecen.

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